Santacruz López, Raúl | 2022

El examen de las experiencias internacionales en materia de justicia para la paz conduce a concluir que el procedimiento a seguir en situaciones como las que hasta ahora ha debido enfrentar Colombia, con ocasión de los Acuerdos de Paz suscritos entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, debe superar el ámbito de la legalidad penal y sus valoraciones jurídico-punitivas, pues su aplicación exige de contextualizaciones sociales, políticas, económicas y éticas que obligan a otorgar un tratamiento diferenciado a quienes se han sometido y van a someterse a la jurisdicción especial, con soluciones rápidas y eficaces, en pro de alcanzar una paz estable y duradera. La promulgación de la normatividad requerida para este proceso de terminación del conflicto armado interno, por lo menos en lo que al mayor grupo armado rebelde se refiere, implica la participación activa de todos los territorios del país para su adecuada implementación y desarrollo, motivo por el cual aquí se presentará una síntesis de ese modelo de justicia transicional, como contribución a su difusión, discusión y aplicación práctica.

Gamboa, José Miguel | 2020

La creación de la JEP supuso un replanteamiento del principio universal del non bis in ídem, al introducir la figura de la revisión frente a delitos graves ocurridos con ocasión y en el contexto del conflicto armado. Igualmente, la JEP hace parte de un esfuerzo por reconstruir normativamente un país, que ha vivido un déficit histórico en materia de justicia, ha naturalizado hasta ahora la impunidad para una parte de los autores intelectuales y nunca ha abordado el tema de la responsabilidad política en el conflicto. Este artículo realiza un análisis normativo, pero también contextual del Acuerdo Final de Paz y del Acto Legislativo 01 de 2017. El análisis normativo busca establecer de qué forma estos instrumentos garantizan la satisfacción de los derechos de las víctimas. El examen contextual describe en qué forma dicha normatividad ha sido cuestionada desde fuerzas políticas importantes y últimamente desde el alto Gobierno. Aquí se interroga si la objeción por “inconveniencia” implica un debilitamiento político de la JEP y de la Justicia Transicional en Colombia.